En ella, el alcalde explicó los riesgos personales que había asumido al posponer la ejecución de la sentencia y aseguró que convocará un pleno para que la Corporación estudie alternativas.
También propuso a los vecinos y amigos de Mingo la creación de una plataforma de apoyo que se encargara de promover una cuestación popular en beneficio suyo.
Los portavoces de AMA insistieron en que «el problema de Mingo es el problema de 23 sentencias de derribo en toda Cantabria».
A su juicio, la administración regional tiene en su mano solicitar al TSJC que suspenda temporalmente la ejecución de las sentencias y comenzar a trabajar en las soluciones posibles: legalizar las urbanizaciones, ofrecer emplazamientos alternativos o, en última instancia, indemnizar a los afectados. Uno de ellos, Mingo.