El Gobierno de Cantabria será quien ejecute esta obra, estimada en algo menos de 1,4 millones de euros. Para poder comenzar esta actuación, el ejecutivo regional ha puesto en marcha toda la maquinaria administrativa y jurídica previa, incluidas las expropiaciones que el gobierno autonómico considere imprescindibles para poder ejecutar la obra.
En concreto, serán 31 fincas adyacentes a la carretera las que se verán afectadas por estas expropiaciones forzosas, tal y como se puede comprobar en la tabla adjunta, extraída del Boletín Oficial de Cantabria del día de hoy.
Esto significa que el Gobierno de Cantabria pasará a ser de manera forzosa e inapelable el dueño de todas estas propiedades, a cambio de una cantidad económica establecida por ley y normalmente, por debajo del valor de mercado, en virtud del 'interés público'.
En la tabla adjunta se puede observar que el gobierno regional no se convierte en propietario de la totalidad de la finca, sino que, como viene indicado, en cada terreno se expropia una superficie concreta, la que se considera necesaria para llevar a cabo la obra. Los afectados no tienen ninguna posibilidad de revertir esta decisión y se verán obligados a aceptar el justiprecio establecido a cambio de los metros cuadrados que le hayan sido expropiados.
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El Gobierno de Cantabria mejorará notablemente el estado de la carretera Ajo-Güemes durante el año 2017
