¿Se acuerdan de aquel famoso y polémico pleno del Ayuntamiento de Bareyo del pasado mes de agosto, que duró menos de un minuto y por el que nuestros concejales percibieron un total de 840 euros?
En aquella ocasión, alcalde y concejales del Ayuntamiento de Bareyo se defendieron afirmando que la celebración de dicho pleno era urgente e imprescindible para poder recibir una subvención de más de 400 mil euros otorgada por la Unión Europea; subvención con la que se iba a renovar y modernizar una grandísima parte del alumbrado público de la localidad de Ajo.
Teniendo en cuenta este hecho, lo menos que podíamos esperar del equipo de gobierno municipal y de los empleados del ayuntamiento era que gestionaran dicha subvención y la adjudicación de las obras con la mayor profesionalidad posible.
Sin embargo, no ha sido así. El proceso de adjudicación del contrato para renovar el alumbrado de Ajo ha quedado vacante y aplazado por una negligencia administrativa del Ayuntamiento de Bareyo, que en un error chapucero e imperdonable ha cometido una “infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato y reguladoras del procedimiento de adjudicación”, tal y como ha reconocido el consistorio.
El secretario municipal, Andrés Gutiérrez Septién, ha admitido de manera explícita la existencia de "un vicio jurídico" cometido por el Ayuntamiento de Bareyo a la hora de desarrollar este proceso administrativo, vicio el cual ha generado "situaciones de desigualdad de trato y discriminación" para las empresas participantes en el proceso.
Sin embargo, no ha sido así. El proceso de adjudicación del contrato para renovar el alumbrado de Ajo ha quedado vacante y aplazado por una negligencia administrativa del Ayuntamiento de Bareyo, que en un error chapucero e imperdonable ha cometido una “infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato y reguladoras del procedimiento de adjudicación”, tal y como ha reconocido el consistorio.
El secretario municipal, Andrés Gutiérrez Septién, ha admitido de manera explícita la existencia de "un vicio jurídico" cometido por el Ayuntamiento de Bareyo a la hora de desarrollar este proceso administrativo, vicio el cual ha generado "situaciones de desigualdad de trato y discriminación" para las empresas participantes en el proceso.
En función de estos hechos, varias de las empresas participantes en este proceso de licitación han recurrido administrativa y judicialmente dicho proceso y el Ayuntamiento de Bareyo se ha visto obligado hace unos días a convocar otro pleno de urgencia (¡otro!), con un solo punto en el orden del día: el reconocimiento de su grave error, con el fin de subsanar daños y poner en marcha otro nuevo concurso con el que poder adjudicar las obras para instalar el alumbrado.
Como consecuencia de esta auténtica 'chapuza' administrativa, el Ayuntamiento de Bareyo se verá obligado a indemnizar a varias de las empresas que aspiraban a renovar el alumbrado de Ajo, en función de "los gastos acreditados en que hubieren incurrido por la presentación de las ofertas, incluidos los correspondientes a la constitución de la garantía provisional".
Como es evidente, el concurso para adjudicar dichas obras ha quedado vacante y se ha tenido que convocar un nuevo concurso, con lo que la renovación del alumbrado público de la localidad de Ajo, uno de los proyectos estrella de la corporación municipal (PRC), se retrasará unos cuantos meses, ya que el proceso debe iniciarse desde el principio.
Y ello, sin olvidar los costes económicos que está suponiendo este proceso, entre plenos -supuestamente- urgentes y el gasto derivado de esta 'chapuza', que por supuesto siempre sufraga el bolsillo del contribuyente.
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Nuevo récord: el último pleno del Ayuntamiento de Bareyo duró un sólo minuto, pero nos ha costado 840 euros en dietas (Bareyo Digital, 12-08-2016)
Como es evidente, el concurso para adjudicar dichas obras ha quedado vacante y se ha tenido que convocar un nuevo concurso, con lo que la renovación del alumbrado público de la localidad de Ajo, uno de los proyectos estrella de la corporación municipal (PRC), se retrasará unos cuantos meses, ya que el proceso debe iniciarse desde el principio.
Y ello, sin olvidar los costes económicos que está suponiendo este proceso, entre plenos -supuestamente- urgentes y el gasto derivado de esta 'chapuza', que por supuesto siempre sufraga el bolsillo del contribuyente.
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