Jarro de agua fría en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Bareyo. El alcalde de Bareyo, José de la Hoz, ha dado a conocer que el Gobierno de Cantabria ha impuesto "fuertes restricciones" al proyecto inicial aprobado por el equipo de gobierno y por el pleno del ayuntamiento.
En concreto, la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística (órgano dependiente del Gobierno de Cantabria) ha emitido el Informe Ambiental necesario para la aprobación definitiva del proyecto de PGOU del municipio de Bareyo.
En palabras del alcalde de Bareyo, el Informe Ambiental, que el ayuntamiento ha recibido hace escasas semanas, "impone fuertes restricciones sobre el planteamiento inicialmente aprobado".
Entrando en detalles, José de la Hoz ha informado que, fruto de este informe, "se elimina alrededor del 70% del suelo rústico ordinario incluido en el proyecto inicial, obligando a establecer pasillos ecológicos que impidan la unión de núcleos". El regidor cita como ejemplo de esta medida a la zona comprendida entre Otienes y Rasillo, que se verá fuertemente afectada por esta decisión.
Asimismo, el alcalde José de la Hoz ha lamentado que el Informe Ambiental "impide construir el Polígono Industrial en el lugar en el que se había planteado en el proyecto inicial, en un espacio entre la carretera de Ajo y el Puente de la Venera". Ahora, "se ofrece como alternativa situarlo en la zona donde en su día se previó construir el campo de fútbol".
Ante este varapalo, el alcalde regionalista de Bareyo adelanta "que las posibilidades de negociar nuevas modificaciones son mínimas", explicando que las limitaciones impuestas "se deben más a las decisiones de los técnicos del gobierno regional que a las decisiones de los políticos" y anuncia que se reunirá con el equipo redactor del PGOU para intentar minimizar las limitaciones impuestas por el informe ambiental.
El portavoz del PP de Bareyo, Gabino Martínez, ha mostrado su solidaridad al equipo de gobierno regionalista, afirmando que "se está limitando de tal manera la autonomía local a la hora de elaborar planes urbanísticos, que prácticamente se puede afirmar que se están elaborando únicamente desde la administración autonómica".
