La Guardia civil desmantela otra plantación de marihuana en Ajo, valorada en 13.200 euros

La operación se cierra con un detenido. Se trata del cuarto cultivo de cannabis incautado en el municipio de Bareyo durante los últimos tres años

La Guardia Civil de Cantabria en una operación contra el cultivo y tráfico de marihuana, ha procedido al desmantelamiento de una plantación tipo “indoor” perfectamente acondicionada en el interior de un chalet de la localidad de Ajo, interviniendo 7,578 kg de marihuana seca y procediendo a la detención de un hombre con las iniciales F.J.M. vecino de Bizkaia y de 37 años de edad.

Estaríamos hablando, sin ninguna duda, de un cultivo de dimensiones considerables si tenemos en cuenta que era gestionado por una sola persona y que la mercancía decomisada hubiera alcanzado un valor aproximado de 13.200 euros en el mercado negro.

Desde el pasado febrero la Guardia Civil comenzó una investigación al recibir cuantiosa información acerca de extrañas conductas de un individuo que frecuentaba una vivienda desabitada de la citada localidad.

Una vez se puso en marcha un operativo de vigilancia y seguimiento se consiguieron indicios suficientes que hicieron sospechar del cultivo de marihuana en su interior.

Durante la tarde del pasado día 17, los investigadores procedieron a la detención de la persona citada y la posterior entrada y registro de la vivienda. En ella se localizaron dos grandes estancias de aproximadamente 60 metros cuadrados, donde se llevaba a cabo el proceso del cultivo de marihuana.

En el momento del registro, la plantación se encontraba en la fase de secado, encontrándose una gran cantidad de plantas colgadas en diferentes tendales, junto con una compleja instalación para generar las condiciones idóneas de cultivo rápido de las plantas. De la misma manera se localizó un gran saco hermético que contenía marihuana seca preparada para el transporte.

La marihuana incautada arrojó un peso total de 7,578 kg, cantidad obtenida de 662 plantas. Esta mercancía podría haber alcanzado aproximadamente un valor de 13.200 euros en el mercado negro.

Así mismo se pudo acreditar un enganche ilegal de luz a la red eléctrica pública para alimentar la instalación.

Por lo descrito se detuvo a esta persona como supuesto autor de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Se trata del cuarto cultivo de cannabis incautado en el municipio de Bareyo durante los últimos tres años

El municipio de Bareyo se ha convertido en triste protagonista por este tipo de intervenciones, ya que en los últimos tres años se han incautado cuatro cultivos de cannabis -incluyendo este último-.

En marzo de 2017 la Guardia Civil desarrolló una operación contra el que por entonces fue el mayor cultivo incautado en la historia de Cantabria, con cerca de 1.500 plantas. En aquella ocasión fueron detenidos dos varones de nacionalidad china de 53 y 31 años de edad.

En noviembre de 2016, la Guardia Civil también detuvo a un varón de 35 años por un cultivo de 356 plantas situado en una vivienda de la localidad de Güemes, también en el municipio de Bareyo.

En diciembre de 2018 una mujer de 45 años fue detenida en Ajo por la Guardia Civil después de que los agentes intervinieran un cultivo de 160 plantas situado en el ático de un chalet.

Ahora se suma esta nueva actuación de la Guardia Civil, finalizada con un detenido de 37 de años y 662 plantas decomisadas.

En total, cinco detenidos y un total de 2.678 plantas, que hubieran alcanzado un valor conjunto aproximado de 60.000 euros en el mercado negro.

Esta es la situación jurídica y administrativa real del Camping Arenas de Villanueva de Ajo

Existen varias resoluciones administrativas y sentencias judiciales que determinan la ampliación de este camping contraria a derecho

Con el fin de aclarar y detallar la situación jurídica y administrativa real que vive el Camping Arenas de Villanueva, situado en la localidad de Ajo, en el municipio de Bareyo (Cantabria), procedemos a detallar la relación de hechos jurídicos y administrativos acontecidos en los últimos años en torno a la situación urbanística de este negocio.

El primer hecho reseñable es la Resolución de 14 de abril de 2011 de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), en la cual se deniega la ampliación de dicho camping ubicado en la parcela 76 del polígono 4 de Ajo, ya que se ubica en el Plan de Ordenación del litoral como 'zona de protección litoral' y, estando clasificada en el PGOU como 'suelo rústico', le hace totalmente incompatible con el uso cuya autorización se pretende.

Entrando en detalle, según consta en la documentación jurídica consultada, la ampliación consiste en una "superficie de 10.600 m2 donde se pretenden ubicar 81 parcelas destinadas a elementos temporales, zonas de juego infantil, zona verde y campo de futbol".

Los gestores del camping recurrieron dicha resolución de la CROTU mediante recuerso contencioso administrativo presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Recurso desestimado mediante sentencia (sentencia TSJC 64/2014, de 25 de febrero), en la que a grandes rasgos se establece que la ampliación ha sido correctamente denegada en base a la legislación propia de la Comunidad Autónoma.

Dicha sentencia es contundente a la hora de inadmitir el recurso: "La zonificación de la parcela en el POL como zona de protección litoral, y estando clasificada en el planeamiento como suelo rustico (sin que sea necesario entrar a discutir con que clase protección), nos permite concluir que le hace totalmente incompatible con el uso cuya autorización se pretende y que ha sido correctamente denegado por la actuación recurrida".

Los gestores del camping tenían la opción de recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo, tal y como hicieron mediante recurso de casación. El Tribunal Supremo acordó inadmitirlo (número de recurso 1379/2014, de 4 de diciembre ) en un auto también muy contundente, convirtiendo en firme la sentencia del Tribunal Superior de Cantabria e imponiendo el pago de las costas del procedimiento a la empresa gestora del Camping.

De esta situación jurídica y administrativa viene la preocupación de muchos usuarios del camping, que sospechan y temen de la existencia de una orden de ejecución ante la situación de ilegalidad de parte del camping, lo que supondría la clausura de este terreno de 10.600m2.

Preocupación que ha surgido a raiz de los nuevos contratos que la empresa gestora está enviando a los campistas, en los que se les otorgaría libertad de irse del camping a cambio de renunciar a cualquier indemnización.

De ahí que varios usuarios de manera individual o en grupo hayan procedido a exigir información tanto a la empresa gestora como al Ayuntamiento de Bareyo, tal y como recogíamos en una información publicada ayer, en la que se relataba que un grupo de usuarios del camping denunciaban el "ocultismo" de la dirección de este negocio.

ENLACES DE INTERÉS

Resolución de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 14 de abril de 2011 denegando el permiso para la ampliación del Camping Arenas de Villanueva de Ajo (Página 16)

Sentencia TSJ Cantabria 64/2014, de 25 de febrero.

Auto del Tribunal Supremo (número de recurso 1379/2014, de 4 de diciembre).

Afectados del Camping Arenas de Ajo denuncian el "ocultismo" de sus dueños

Un grupo de usuarios de este camping se unen para emprender posibles acciones legales

Cinco usuarios del Camping 'Arenas de Villanueva' de Ajo (Bareyo), los cuales ostentan el reconocimiento de "fijos" por parte de la empresa gestora, se han unido para emprender acciones legales ante la presunta situación irregular del recinto por motivos administrativos y urbanísticos.

Este grupo de usuarios contrataron hace semanas los servicios de un despacho de abogados bilbaino, cuya primera actuación ha sido requerir más información a los dueños y gestores del camping.

Ante la ausencia de respuestas, este grupo de afectados denuncia "lo que se puede considerar como una estrategia ocultista o poco clara por parte de la empresa gestora".

Así pues, el siguiente paso adoptado por este grupo de perjudicados ha sido registrar un escrito en el Ayuntamiento de Bareyo, en el cual expresan que "ante una serie de hechos acontecidos, esta parte se ve en la obligación de recabar información de esta administración pública en lo relacionado con la situación urbanística del camping Arenas de Villanueva en su conjunto".

Los responsables del Ayuntamiento de Bareyo recibieron este escrito hace escasos días, por lo que todavía no han cursado una contestación formal a este grupo de usuarios.

Bareyo Digital ha contactado con los responsables del Camping Arenas y con las autoridades municipales para que ofreciesen su versión de los hechos, pero ambas partes han declinado hacer declaraciones.

El PP de Bareyo critica el sistema de elección del nuevo Juez de Paz municipal

Los populares consideran que la elección de Rosindo Ruíz "no responde a criterios objetivos"

El Partido Popular de Bareyo ha criticado durante el último pleno ordinario el sistema mediante el cual se ha elegido como juez de paz a don Rosindo Ruíz Ruíz.

Al puesto de Juez de Paz de Bareyo se presentaron tres candidatos: el propio Rosindo Ruíz Ruíz, María Odriozola Medina y la persona que hasta ahora ostentaba el cargo, Miguel Ángel Campo Cruz. Ruíz Ruíz fue escogido con los seis votos del PRC, que tiene la mayoría absoluta, mientras que el PP se abstuvo y la concejal del PSOE no acudió a esta votación.

El portavoz de los populares, Gabino Martínez, manifestó que al haberse presentado tres candidatos y no haber un proceso selectivo más allá de la votación en el pleno, "no puede haber un criterio objetivo de elección".

Además, Gabino Martínez añadió que "el presidente del partido del señor alcalde, Miguel Ángel Revilla, insiste siempre públicamente en la necesidad de separar el poder político del judicial", por lo que los populares consideraron que "la elección debiera de efectuarse por sorteo".

Ante esta crítica, el alcalde José de la Hoz se mantuvo en silencio y no respondió al portavoz popular.

La Guardia Civil interviene otro cultivo de marihuana en Ajo

Detenida una mujer de 45 años por un cultivo de cerca de 160 plantas en el ático de un chalet de Ajo

La Guardia Civil de Santoña ha detenido esta pasado martes a una mujer de 45 años en la localidad de Ajo (Bareyo, Cantabria), después de intervenir un cultivo de marihuana de aproximadamente 160 plantas situado en el ático de un chalet.

El cuerpo armado comenzó las investigaciones hace un mes, después de recibir una denuncia ciudadana. Las actuaciones de la benemérita llevaron a comprobar que en este chalet de la localidad de Ajo existía una conexión fraudulenta a la red eléctrica, además de un persistente olor compatible con el de la marihuana.

Con estas informaciones, el pasado martes 4 de diciembre y mediante la pertinente orden de registro concedida por el juzgado de instrucción de Santoña, los agentes de la Guardia Civil accedieron a dicho inmueble, donde certificaron la existencia de un cultivo de aproximadamente 160 plantas alojado en el ático.

De manera inmediata se procedió a la detención y puesta a disposición judicial de dicha mujer, que residía en la vivienda en régimen de alquiler. Los investigadores han tasado en 3.200 euros el valor que hubiera tenido este cultivo en el mercado negro.

Es el tercer cultivo de marihuana intervenido en el municipio en los últimos dos años y medio

Se trata de una nueva intervención de la misma naturaleza llevada a cabo por la Guardia Civil en Ajo, después de que en marzo de 2017 se interviniera en esta misma localidad el que por entonces fue el mayor cultivo incautado en la historia de Cantabria, con cerca de 1.500 plantas. En aquella ocasión fueron detenidos dos varones de nacionalidad china de 53 y 31 años de edad.

De la misma manera, en noviembre de 2016, la Guardia Civil también detuvo a un varón de 35 años por un cultivo de 356 plantas situado en una vivienda de la localidad de Güemes, también en el municipio de Bareyo.

El Ayuntamiento de Bareyo publica datos protegidos que podrían poner en riesgo la integridad de las personas

El Ayuntamiento de Bareyo publica en su tablón de anuncios los datos personales de los ciudadanos escogidos para formar parte de 'jurados populares'

Como muchos de ustedes sabrán, en las últimas semanas se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Cantabria el sorteo mediante el cual se escogen a los ciudadanos que deberán formar parte de 'jurados populares' durante 2019 y 2020.

Se trata de una obligación para los ciudadanos elegidos, que deben formar parte de dichos jurados, con todo lo que ello supone. Los juicios en los que participan 'jurados populares' suelen ser de gran calado, ya que se celebran en la Audiencia Provincial, donde se juzgan asuntos de entidad penal.

En muchas ocasiones, en la acusación de estos juicios se encuentran narcotraficantes, mafias y otro tipo de personas y grupos peligrosos, por lo que la identidad y los datos personales de los miembros de los 'jurados populares' se protege de manera especial para que puedan tomar decisiones libres sin poner en riesgo su dignidad, su patrimonio e incluso su integridad.

Pues bien, el Ayuntamiento de Bareyo ha publicado en el tablón de anuncios de las oficinas municipales y en la página web municipal la lista donde aparecen las personas del municipio que han sido escogidas en este último sorteo, y por tanto son candidatos a formar parte de un 'jurado popular' hasta 2020.

Y lo han publicado sin ningún tipo de reserva, sin proteger ni uno sólo de los datos personales de estos candidatos, por lo que cualquier persona puede identificarlas sin ningún problema en esta era en la que contamos con internet y una gran abundancia de información. Una simple búsqueda en redes sociales podría servir para identificarlas aun más y ponerlas incluso cara.

Se trata presuntamente de una grave negligencia del Ayuntamiento de Bareyo, ya que la Ley de Protección de Datos exige que se elimine el mayor número de información posible sobre la identidad de estas personas, reduciendo la información publicable tan sólo al número de DNI.

El Ayuntamiento de Bareyo debería haber eliminado nombres, apellidos y fecha de nacimiento de todos los escogidos en el sorteo. Sin embargo, como se puede ver en la imagen adjunta, -en la que nosotros hemos tachado manualmente estos datos-, el consistorio ha mantenido toda esta información y la ha publicado física y digitalmente.

Desde luego, se trata de un grave error que tiene importantes y graves consecuencias. Y es que, no sería la primera vez que un acusado o un grupo de ellos identifica a miembros de un 'jurado popular' y se sirven de ello para coaccionarles y para amenazar su patrimonio personal, su dignidad e incluso su integridad.

Alguien debería asumir responsabilidades, aceptar errores. En la actualidad, tal y como ha reconocido en un pleno el alcalde de Bareyo, José de la Hoz (PRC), los servicios administrativos municipales se encuentran bastante colapsados, y no es la primera vez que se cometen errores, que en el último año han sido muy frecuentes. Pero ninguno de ellos había tenido la entidad del que ahora ha ocurrido.

El Tribunal Superior de Cantabria condena a 'Prodefesa Noja SA' por un grave vertido de residuos contaminantes y peligrosos sucedido en 2014 en una finca adyacente al Camping 'Los Molinos' de Bareyo

En fechas recientes se ha hecho pública una sentencia de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en la cual se condena a la empresa 'Prodefesa Noja SA' por llevar a cabo el vertido y la eliminación de residuos peligrosos en una finca adyacente al Camping 'Los Molinos' de Bareyo en 2014.

En concreto, el vertido se llevó a cabo en la finca referenciada como 'Parcela 65-Polígono 16' situada en la Calle Camino Real del barrio de Cerradillo, en la localidad de Bareyo.

Según da por probado la sentencia, Prodefesa Noja SA realizó durante 2014 en dicha finca un relleno "de grandes dimensiones, compuesto por uralitas de amianto, materiales de construcción, envases de disolventes, pinturas, siliconas, que no son inertes y son peligrosos".

Asimismo, se específica que este vertido se llevó a cabo sin ninguna autorización para el relleno ni para el tratamiento de los residuos peligrosos. "El actor eliminó incontroladamente esos residuos sin que con posterioridad, quede acreditado el tratamiento de los mismos".

La sentencia falla con claridad que "las fotografías no permiten duda alguna, del vertido, ni de su composición ni de su entidad. Es decir, no hay duda alguna de que en 2014 en la finca del actor, el vertido de residuos existía".

Fue el 'Seprona' quien descubrió y denunció dicho vertido, y el Gobierno de Cantabria procedió a sancionar a esta empresa con una multa "muy grave" de 10.000 euros, que 'Prodefesa Noja S.A' recurrió en los tribunales. Ahora, con este fallo firme del TSJC, dicha empresa no sólo se ve obligada a pagar la multa de 10.000 euros, sino que tendrá que hacer frente a los costes íntegros del proceso judicial.

Fuente de la información: Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Sentencia 11/2018)

El arquitecto Eduardo Álvarez refuerza su 'romance' con el Ayuntamiento de Bareyo mediante una denuncia en la que reclama entrar a formar parte de la plantilla municipal

Lo alertábamos hace unas semanas, cuando describíamos el fuerte amor que sienten nuestros responsables políticos municipales y regionales por el arquitecto Eduardo Álvarez Fernández, que está detrás de las obras públicas más importantes realizadas en Ajo durante la última década, a la par de múltiples contratos pequeños adjudicados sin concurso por el consistorio y por el gobierno regional.

La realidad es que, aunque el alcalde y los concejales llamen siempre a esta persona "arquitecto municipal", simplemente no lo es, porque este señor no forma parte de la plantilla del ayuntamiento, sino que se le contrata directamente desde alcaldía, a dedo, proyecto a proyecto, trabajo a trabajo, pagándole uno a uno. Lo llaman "arquitecto municipal" para justificar que siempre contraten al mismo y siempre a dedo.

Ahora, ese romance de años se ve reforzado. Y es que, el arquitecto Eduardo Álvarez ha denunciado al Ayuntamiento de Bareyo. Lo que a todos nos podría parecer una clara crisis en esa relación de amor, en realidad parece esconder una forma de reforzar este noviazgo y convertirlo en matrimonio.

El citado arquitecto se ha tomado muy a pecho eso de que todos lo llamen "arquitecto municipal" y ahora exige en los juzgados serlo de verdad y convertirse en parte de la plantilla laboral del consistorio. Sin oposición, sin concurso público, y sin mérito alguno: en los juzgados por sentencia.

El alcalde de Bareyo, José de la Hoz (PRC), ha explicado con mayor detalle la situación: "en este ayuntamiento, como en todos los pequeños, los alcaldes, ante la falta de medios propios, habían venido designando técnicos con una función de confianza o asesoramiento especial en materia urbanística, pero que en los juzgados están entendiendo que esta función no se realiza para alcaldía, sino para el ayuntamiento".

El secretario municipal, Andrés Gutiérrez (funcionario del Estado), añade que "lo que está en cuestión es si la relación del arquitecto con el Ayuntamiento de Bareyo tiene la naturaleza administrativa de contrato administrativo de servicios o si, por el contrario, dicha relación es de naturaleza laboral".

Y aquí viene lo sorprendente, y lo que nos indica que todo esto no es más que un teatrillo mientras se organiza la futura luna de miel.

Lo que tendría que suponer un auténtico jarro de agua fría para el ayuntamiento y el equipo de gobierno municipal, por los enormes costes económicos que supondría la derrota judicial y la incorporación del arquitecto a la plantilla del consistorio, en realidad no parece una gran preocupación para nuestros responsables locales.

El Ayuntamiento de Bareyo debería plantear una defensa férrea de su posición, ya que si han venido contratando durante años a Eduardo Álvarez de esta manera, lo lógico sería preparar una sólida defensa jurídica y evitar los gastos que una derrota judicial nos supondrían a todos los vecinos. Y por supuesto, no volver a contratar a este desagradecido.

Sin embargo, el alcalde José de la Hoz nos adelanta una defensa light del consistorio ante esta denuncia, llegando incluso a afirmar que "se estará a lo que diga la sentencia". Ni siquiera ha censurado la actitud de Álvarez Fernández.

Y la verdad, que por su tono, por el contexto y por los precedentes, todo hace indicar que el regidor regionalista ve con buenos ojos esta denuncia del arquitecto y no le parece importar en exceso un futuro resultado desfavorable para las arcas y los intereses del Ayuntamiento de Bareyo.

No hace falta ser un lince para saber quién ganará ese juicio. Ni quién lo va a pagar.

¿Qué pensarán de todo esto los funcionarios y empleados públicos que han logrado su plaza mediante oposición o concurso público?

Reportaje imprescindible de leer:

El mismo arquitecto está detrás de 4 de las 5 obras públicas más importantes realizadas en Ajo durante la última década

La Guardia Civil incauta 356 plantas de marihuana, una placa de hachís y dos navajas a un hombre de 35 años en una vivienda de Güemes (Bareyo, Cantabria)

La Guardia Civil ha detenido al propietario de una vivienda de Güemes (municipio de Bareyo) después de que, tras avisar de que había un incendio en el garaje de su casa, los agentes comprobaran que en esa dependencia de la vivienda también había un cultivo de marihuana con 356 plantas.

El hombre, I.B.M. de 35 años, avisó el pasado 28 de octubre de un incendio en su vivienda, por lo que acudió una patrulla de la Guardia Civil antes de que llegaran los bomberos al lugar.

Los guardias civiles consideraron que el incendio se podía haber iniciado por un cortocircuito en el garaje de la vivienda, situado en la planta baja de la casa, por lo que, una vez sofocado el fuego por parte de los bomberos, se accedió con I.B.M. al interior de esa dependencia.

Dentro, los agentes de la Guardia Civil comprobaron que había un cultivo de marihuana y que el hombre, además de un delito contra la salud pública, podía haber cometido un delito de defraudación eléctrica.

En el garaje había, según explica la Guardia Civil en un comunicado, una sala de cultivo con todo lo necesario para el crecimiento rápido de las plantas de marihuana, ya que se encontraron lámparas y sistemas de ventilación y de riego automático.

Además de las 356 plantas, también se intervinieron una bolsa con ocho gramos de cogollos, un trozo de hachís de unos 25 gramos y dos navajas de tipo 'garillo' escondidas bajo el colchón de un dormitorio.

Abierto el plazo para solicitar la plaza de Juez de Paz Sustituto de Bareyo

El Ayuntamiento de Bareyo ha iniciado el proceso para cubrir la plaza de Juez de Paz Sustituto. A partir de ahora, se abre un plazo de veinte días hábiles en los que todos aquellos interesados pueden cumplimentar el correspondiente formulario que se facilita en las oficinas municipales.

Las condiciones para solicitar dicha vacante son muy laxas, ya que no es necesario tan siquiera ser licenciado en derecho y las incompatibilidades son mínimas, por lo que prácticamente cualquier ciudadano puede ser Juez de Paz.

Una vez se conozcan las candidaturas presentadas, será el pleno municipal del Ayuntamiento de Bareyo el que apruebe con la mayoría absoluta de sus miembros la elevación de las mismas al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que será quien ejecute el nombramiento definitivo.

Desde el año 2014, el Juez de Paz Titular de Bareyo es don Miguel Ángel Campo Cruz, protagonista en estos dos años de actuaciones bastante polémicas.

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Don Miguel Ángel Campo Cruz, nuevo Juez de Paz titular del Ayuntamiento de Bareyo

El 'atracador disfrazado' detenido en Cantabria residía en Ajo (Bareyo), localidad donde presuntamente cometió dos ataques

El atracador de bancos que ejecutaba sus presuntos delitos en solitario y siempre disfrazado, residía en la localidad de Ajo (municipio de Bareyo), tal y como confirma BAREYO DIGITAL.

El 'atracador disfrazado' fue detenido el pasado 29 de diciembre de 2015 por la Guardia Civil cuando iba a actuar en San Miguel de Meruelo, localidad vecina muy próxima a Ajo, donde residía en una aparente normalidad.

Según información a la que ha tenido acceso BAREYO DIGITAL, el atracador disfrazado era originario de Bilbao, pero llevaba ya un tiempo desplazado y residiendo de manera habitual en la que había sido su segunda vivienda, situada en la localidad de Ajo, en el municipio de Bareyo (Cantabria), muy cerca del lugar donde fue detenido hace tres semanas.

Atraco en la oficina del Banco Santander 
en Ajo (Bareyo)

Al atracador se le imputan presuntamente varios atracos acontecidos durante los últimos tres años en el territorio de Cantabria, cometidos contra bancos, cajas y sus trabajadores, en los que actuaba siempre disfrazado y en solitario.

Precisamente, el 'atracador disfrazado' ha cometido dos ataques durante este periodo en la localidad de Ajo, a muy poca distancia de la residencia donde vivía. Por un lado, el presunto secuestro del director y robo de la oficina de Caja Cantabria el 26 de julio de 2013; y el atraco en el Banco Santander el 21 de agosto de 2014, donde actuó disfrazado de mujer.

Las excavadoras echan abajo el chiringuito de 'Mingo' (Ajo, Bareyo, Cantabria)

Numerosos amigos, vecinos y curiosos se dieron cita para apoyar a Domingo Herrero y su familia en estos duros momentos. La tranquilidad reinó durante la ejecución, pero la Guardia Civil no abandonó el lugar

Cerca de las diez y media de la mañana, las excavadoras comenzaron los trabajos de demolición del chiringuito de 'Mingo', terminando así con mucho tiempo de protestas, tribunales, y sobre todo, desde la perspectiva del afectado, de trabajo y de sustento.
Decenas de agentes de la Guardia Civil no abandonaron en ningún momento el lugar, a pesar de que los antidisturbios poco a poco fueron retirando su despliegue ya que durante toda la mañana el ambiente fue tranquilo.

Eso no pudo evitar que una extraña sensación de tensa calma rodeara al chiringuito de Domingo Herrero 'Mingo', situado en la playa de Ajo, durante los instantes previos en el día programado para su derribo. Aunque los trabajos de demolición no habían comenzado, parecía que se trataba de la crónica de una muerte anunciada y la lucha de 'Mingo' y sus familiares por mantener en pie su negocio llegaba a su fin sin éxito. Aún así, a primeras horas de la mañana continúaban dentro del local y sin intención de abandonarlo hasta que las palas excavadoras que decoraban el entorno, comenzasen a golpearlo con sus fuertes brazos.

Apoyo y calma tensa

Una vez fuera, el popular propietario del local ha seguido 'in situ' el derribo del que, según ha dicho, es "su medio de vida" -su trabajo y su casa-, algo que considera una "injusticia".
En el exterior del chiringuito se encontraban ya temprano numerosos curiosos y vecinos que querían apoyar a Domingo Herrero y su familia en estos duros momentos. Sin embargo, a pesar de la tranquilidad reinante, la Guardia Civil estableció un cordón de seguridad alrededor del inmueble en previsión de que puedieran sucederse posibles altercados.

El regidor municipal, José de la Hoz, se mostró "muy afectado" por este hecho. "¡Cómo voy a querer yo que se derribe un edificio de un hombre que tiene 70 años de edad y que no tiene otro medio de vida!", expresó José de la Hoz, quien dijo que "todo esto no es agradable para nadie, y menos para mi". "Y aún menos para el pobre Mingo", agregó.

Sin embargo, reconoció que sobre el bar ubicado en la playa de Ajo pesa sentencia firme de derribo desde el año 2002, sentencia que es "de obligado cumplimiento". También recordó la "gran cantidad" de apercibimientos de los juzgados al Consistorio en relación a este asunto y al retraso de la ejecución de la sentencia. "Llegados a este caso, el juez ya no admite más demoras", señaló el alcalde, al manifestar que "siete años de demora en la ejecución de una sentencia no se pueden permitir". "No hay más solución que tirar (el chiringuito)", apostilló.

Por último, aseguró que desde el Ayuntamiento han pedido a los Servicios Sociales de la Mancomunidad que busquen una solución y presten ayuda a 'Mingo' y a su familia, que "lo van a pasar mal".

Cronología

En esta ocasión, ni el apoyo de los vecinos, ni de la familia, que ha seguido entre lágrimas los trabajos de demolición, ni tampoco la pancarta colgada en el local que rezaba "Del chiringuito de Mingo no nos moverán. A tirar chalés a Marbella" han podido parar la pala excavadora, algo que sí consiguieron en dos ocasiones anteriores.

Estaba previsto que la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) se ejecutara el 24 de noviembre de 2008, pero los trabajos quedaron suspendidos ante la presión de los vecinos, de los familiares, de los clientes y de los representantes de las plataformas de afectados por los derribos que allí se dieron cita.

La situación se repitió el pasado 12 de enero, cuando la pala excavadora no pudo iniciar tampoco la demolición de este local, cercano a la playa de Cuberris.

El propietario del local ha asegurado hoy que el Ayuntamiento de Bareyo no le ha dicho "ni Pamplona" sobre la posible cesión de una vivienda para él y su pareja y se pregunta "dónde va a ir con una pensión de 540 euros".

Ha asegurado que cuando concluyan las tareas de derribo se va a construir un "caseto", con unas telas y unos palos, sobre lo que, según ha recordado, son sus terrenos, ya que, ha afirmado, no se quiere ir de allí.

Por el momento, ha tenido que aceptar la oferta de dos de los vecinos de la zona, Carlos Diego y Sonia Viadero, que le han cedido "hasta que encuentre algo mejor" una autocaravana para que la ubique en las proximidades de lo que ya son las ruinas de su antigua vivienda, explica la propietaria del vehículo.

La Audiencia absuelve al alcalde de Bareyo, acusado de coacciones por un concejal

La sentencia establece que Güemes nunca intentó presionar al edil

La Audiencia Provincial de Cantabria ha absuelto al alcalde de Bareyo, Antonio Güemes, del pago de 100 euros de multa al concejal Joaquín Felipe Ortiz Ruiz por supuestas coacciones.

Güemes recurrió una sentencia del Juzgado de Santoña, número dos, que dictó el pago de la sanción.

La sentencia de la Audiencia Provincial recoge que se trató de una discusión acalorada en un establecimiento comercial y explica que nunca se intentó coaccionar al concejal para que no apoyase una posible moción de censura en su contra. El fallo de la Audiencia incide en que no existieron coacciones ni amenazas por parte del alcalde, ya que no se presionó a la víctima para obligarle a hacer algo que no quisiera o impedirle actuar como deseaba. 

Joaquín Felipe dejó hace unos meses el equipo de gobierno del Partido Popular. El fallo incide en que la moción ni había sido presentada ni existía seguridad de que fuese a ser presentada.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Santoña condenó al alcalde de Bareyo a pagar una multa de 100 euros por haber coaccionado a un concejal de su partido. El fallo, no obstante absolvía al alcalde de la falta de maltrato que pretendía imputarlese porque no se acreditó en ningún momento que el alcalde golpeara al edil. En cualquier caso, la Audiencia Provincial, finalmente, ha absuelto a Güemes.